Para entender lo que está ocurriendo ahora mismo en Bielorrusia, debemos retroceder hasta mayo de 2021, en concreto al día 23 cuando el periodista bielorruso y opositor al régimen Roman Protasevich fue detenido por las autoridades bielorrusas. Este se encontraba en un avión que volaba de Grecia a Lituania, pero un caza del ejército bielorruso obligó al avión a realizar un aterrizaje de emergencia en Minsk para detenerlo, hecho sin ningún precedente en la historia. Recordemos que Bielorrusia es considerada “la última dictadura de Europa”. Su presidente, Alexandr Lukashenko, lleva 27 años en el poder y en las últimas elecciones, las calles se llenaron de protestantes denunciando que se había cometido un fraude. Estas movilizaciones políticas y las que se han ido produciendo posteriormente, han sido siempre acalladas mediante el uso de la fuerza. Los opositores políticos son perseguidos, detenidos y en algunos casos asesinados. 

La respuesta de la Unión Europea ante la detención de Roman Protasevic fue la imposición de una serie de sanciones económicas como la prohibición de exportar a toda persona en Bielorrusia tecnología y programas informáticos destinados al control o la interceptación de internet y las comunicaciones telefónicas y de productos y tecnologías de doble uso con fines militares, entre otras. 

Ante esto, Bielorrusia abrió sus fronteras con Polonia para permitir el paso de migrantes, en su mayoría iraquíes kurdos. Esto ha desencadenado en una crisis fronteriza entre los dos países y una crisis humanitaria que ya se ha cobrado más de una decena de muertes por hipotermia. Polonia ha desplegado tropas para interrumpir el paso de los migrantes y ha anunciado la construcción de un muro de contención, esta última medida ha sido calificada como contraria a los valores de la Unión Europea. 

No obstante, la Unión Europea sí ha formulado una propuesta en la que accede a una limitación del derecho de asilo de los refugiados. Polonia, Lituania y Estonia tendrán más facilidades para deportar a los migrantes, podrían suspender durante seis meses algunas protecciones de asilo, los periodos de registro para estas solicitudes se relajarían, pasando de una semana a cuatro, y se permitiría la retención de los migrantes en los centros de procesamiento de asilo en la frontera con Bielorrusia hasta cuatro meses. Dentro de la Comisión Europea se critica que estas medidas no enfrentan la problemática principal, el régimen de Alexandr Lukashenko, y además criminaliza a los migrantes que se encuentran en una situación muy vulnerable.